Carlos Ardila

Proyectos de Ley

Proyecto “Regulación de la Asperción”

Este proyecto de ley colombiano busca regular la aspersión aérea de sustancias tóxicas o probablemente tóxicas en la lucha contra los cultivos de uso ilícito, con el objetivo de combatir el narcotráfico y preservar la vida, salud y ambiente. Define las sustancias tóxicas, establece requisitos estrictos para su aplicación, solo permitiéndola como último recurso en ciertas condiciones específicas. También destaca la importancia de la participación de las comunidades afectadas y la obligación de utilizar información científica en la toma de decisiones. En resumen, busca equilibrar la eficacia en la lucha contra los cultivos ilícitos con la protección de la salud, el medio ambiente y los derechos de las comunidades locales.

Proyecto multipartidista “Servicio Social»

el texto destaca la necesidad de fortalecer las capacidades de los actores sociales en Colombia para construir la paz, especialmente en los territorios más afectados por el conflicto. Se aboga por la colaboración entre entidades públicas, sector privado, organizaciones sociales y organismos internacionales. Se menciona el Acuerdo Final entre el Gobierno y las FARC como un compromiso para satisfacer derechos fundamentales y desarrollar territorios afectados. El enfoque territorial se considera crucial para abordar las necesidades económicas, sociales, políticas y culturales de las poblaciones locales.

Proyecto “Nomina Servidores Publicos»

Este proyecto de ley colombiano propone modificar los artículos 194 y 195 de la ley 100 de 1993 con el objetivo de regular el pago de nóminas de los servidores públicos que trabajan en las Empresas Sociales del Estado (E.S.E.) a nivel Nacional, territorial y Distrital. El proyecto establece que los servidores públicos en las E.S.E., incluyendo aquellos en carrera administrativa, provisionales, de libre nombramiento y remoción, de periodo fijo y trabajadores oficiales, seguirán siendo responsabilidad del Estado en los distintos niveles.

Se adiciona un parágrafo al artículo 194, especificando que los salarios y prestaciones de los servidores públicos en las E.S.E. continuarán siendo cubiertos por el Estado a nivel Nacional, territorial y Distrital.

Además, se modifica el numeral 5 del artículo 195, indicando que las personas vinculadas a las Empresas Sociales de Salud tendrán el carácter de empleados públicos y trabajadores oficiales, y el Estado seguirá siendo responsable del pago de sus salarios y prestaciones sociales en los niveles Nacional, territorial y Distrital.

Finalmente, se establece que el Gobierno Nacional, a través de los Ministerios de Salud y Protección Social y Hacienda y Crédito Público, deberá reglamentar, en un plazo de seis meses, la forma en que asumirán el pago de las nóminas de las Empresas Sociales del Estado a nivel nacional, territorial y Distrital, de acuerdo con sus competencias.

Proyecto “Antitramite»

Este proyecto de ley colombiano tiene como objetivo establecer criterios y lineamientos para la racionalización de trámites en la Rama Ejecutiva a nivel nacional y territorial, así como en particulares que cumplen funciones públicas y administrativas. La ley busca agilizar y efectivizar el acceso y ejercicio de derechos, combatir la corrupción y fomentar la competitividad.

Los aspectos clave del proyecto incluyen:

La obligación de realizar trámites en línea y usar estampillas electrónicas.
La gratuidad en registros y certificados públicos.
La facultad del Presidente de la República para establecer trámites susceptibles al silencio administrativo positivo y derogar otros trámites.
La implementación de la interoperabilidad y la carpeta ciudadana.
La aplicación de la automatización para optimizar procesos.
La definición de términos como eficiencia, estampilla electrónica, formulario único, interoperabilidad, racionalización, entre otros.

Además, se introducen definiciones específicas, como la carpeta ciudadana (una carpeta digital para el almacenamiento seguro de información generada en relación con el Estado) y la ventanilla única de registro inmobiliario (una plataforma para simplificar trámites relacionados con el registro de propiedades). La ley busca mejorar la relación costo-beneficio en la administración pública y facilitar la interacción ciudadana con el Estado a través de la modernización y simplificación de trámites.