acuerdo de paz 2021

Implementación del Acuerdo de Paz en cifras 2021

Sexto informe de seguimiento a la implementación del acuerdo.

 

  • Preocupa que en la subregión del Pacífico Medio, compuesta por los municipios de Buenaventura, López de Micay, Guapi y Timbiquí, el Gobierno no ha empezado a ejecutar ni una sola obra PDET y no ha aprobado ni un solo proyecto OCAD Paz.
  • El 2020 ha sido el más violento para los líderes sociales, de acuerdo a las cifras de Indepaz, con 310 asesinatos.
  • Entre 2018 y 2020, los casos de masacres han aumentado en un 175% y las cifras se empiezan a acercar a las de hace una década.

 

En el marco de la función de control político del Congreso de la República, Representantes y Senadores independientes y de oposición publican hoy las cifras de la implementación del Acuerdo de Paz con corte a diciembre de 2020. Este seguimiento incluye las 22 visitas a los municipios más afectados por la violencia y la pobreza, los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y las Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR). Algunas de estas fueron de manera virtual a causa de la pandemia.

 

En materia de financiación y proyectos, preocupa que en la subregión del Pacífico Medio, compuesta por los municipios de Buenaventura, López de Micay, Guapi y Timbiquí, el Gobierno no ha empezado a ejecutar ni una sola obra PDET y no ha aprobado ni un solo proyecto OCAD Paz. Además, el 68% de los recursos del OCAD Paz, se están destinando a municipios que no están priorizados (municipios no PDET) y de los que se destinan a PDET, cerca de la mitad se concentra en solo 4 subregiones: Sierra Nevada- Perijá, Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño. Catatumbo y Macarena- Guaviare

 

Por otro lado, en materia de seguridad, preocupa el aumento de homicidios en 3 subregiones PDET: Alto Patía y Norte del Cauca, por el recrudecimiento de la guerra en Argelia (76,4%) y El Tambo (68,3%); en Macarena- Guaviare, el aumento de homicidios fue de 362% en La Uribe, 105% en Mesetas, y 69% en La Macarena por la presencia de disidencias; y en el Sur de Bolívar, por la disputa entre las Autodefensas Gaitanistas y el ELN.

 

De los 173 líderes asesinados en 2020 según la Defensoría del Pueblo, el 58,4% se concentra en 5 departamentos: Cauca (24,9%), Antioquia (11,6%), Putumayo (7,5%), Norte de Santander (7,5%) y Chocó (6,9%). El 61,3% se concentra en los municipios PDET (106 homicidios), preocupando especialmente la situación de Tarazá (Antioquia) y Puerto Guzmán (Putumayo) con 7 homicidios cada uno, y de Algeciras (Huila) y El Tambo (Cauca) con 6 homicidios cada uno.

 

Sobre reincorporación, el 63,9% de los excombatientes no se encontraban vinculados a un proyecto productivo desembolsado por el Gobierno y, desde el inicio del proceso de dejación de armas, hasta diciembre de 2020, 248 excombatientes han sido asesinados. Y frente a los efectos del Covid-19 en los territorios más afectados por la guerra y la pobreza, se encontró que mientras que a nivel nacional, entre el 2019 y el 2020, se redujo el número de empresas creadas en un 6,7%, en los municipios PDET esta reducción fue del 49,8%.

 

Los firmantes del informe son: Juanita Goebertus, de la Alianza Verde; Ángela María Robledo, Estatuto de la Oposición; Angélica Lozano, de Alianza Verde; John Jairo Hoyos, del Partido de La U; José Daniel López, de Cambio Radical; Temístocles Ortega, de Cambio Radical; Iván Cepeda Castro, del Polo Democrático; Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal; Wilmer Leal, de la Alianza Verde; Antonio Sanguino, de la Alianza Verde; John Jairo Cárdenas, del Partido de La U; Carlos Ardila, del Partido Liberal; Guillermo García Realpe, del Partido Liberal; y Roy Barreras, La fuerza de la paz.

 

INFORME COMPLETO AQUÍ